LA PRESIDENTA HABLA SOBRE INSEGURIDAD

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El litoral.com

Cristina no quiere más mano dura, sino mejor gestión de los jueces
«La Policía trabaja y detiene» a los delincuentes y «la Justicia libera, libera», sostuvo ayer la presidenta, tomando distancia de las iniciativas para endurecer las penas y reclamando a los magistrados «que pongan lo suyo». El camarista Luis Cabral, del Consejo de la Magistratura, dijo que el análisis de la problemática debe ser integral y no cifrado en «el humor del momento».

Emerio Agretti

La inseguridad no se combate con leyes más duras, sino con una mejor gestión judicial. En esos dos términos cifró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la discusión sobre el tema que volvió a reeditarse en la opinión pública, a partir de casos resonantes y de la iniciativa del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de reducir la edad de imputabilidad para los menores.

Así, la tajante definición presidencial puso por un lado un límite a los pedidos de «mano dura» alentados desde su propio partido y, por el otro, destacó la actividad de las fuerzas de seguridad -resaltando la atención en recursos que le brinda el poder político- y puso sobre los hombros de los jueces la responsabilidad por la aplicación que hacen de los beneficios de excarcelación y libertad condicional.

«La inseguridad es un tema que nos conmueve a todos, pero no se combate con leyes más terribles y más duras», dijo, en un acto realizado en Pilar y acompañada por el propio Scioli. Y agregó: «Muchas veces, la Policía detiene, trabaja, detiene, y la Justicia libera, libera. Los jueces tienen los instrumentos para denegar libertades, denegar excarcelaciones», advirtió.

Fernández insistió en reclamar a los magistrados que utilicen los instrumentos disponibles para «defender a la comunidad, defender a los ciudadanos. En el aspecto nacional, hemos dado mucho equipamiento a las fuerzas de seguridad para contribuir al valor seguridad (…) pero es necesario también que el otro poder, la Justicia, ponga lo suyo para seguir construyendo la seguridad de todos los argentinos».

Las palabras presidenciales fueron pronunciadas 48 horas después de que se realizara en el partido bonaerense de San Isidro una multitudinaria manifestación en reclamo de mayor seguridad, frente a la ola de crímenes, especialmente en el conurbano. Cristina Fernández reiteró que «salud, educación y seguridad constituyen los tres pilares básicos de la sociedad» y en este marco advirtió que «nadie tiene que hacerse el distraído».

Una percepción social

En reiteradas ocasiones, sumamente crítico hacia manifestaciones del Poder Ejecutivo dirigidas a la Justicia, el camarista Luis Cabral, representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, compartió en este caso el trasfondo del análisis presidencial, aunque marcó que la cuestión debe ser abordada de manera integral y con la debida serenidad.

En diálogo con El Litoral, el magistrado consideró que la baja de la edad de imputabilidad de los menores «no me parece la manera de responder, cuando todavía existen desde hace 15 años leyes que han establecido grupos de tratamiento y asistencia para los tribunales de menores y no se han puesto en funcionamiento. Además, los tribunales no tienen la suficiente estructura para atender la totalidad de asuntos que recaen sobre ellos, y hacen falta más juzgados. Estas cosas se tendrían que atender primariamente».

Cabral sostuvo que antes que pensar en el encarcelamiento de los menores que han incurrido en acciones delictivas, hay que pensar en la atención de los mismos. «Sobre todo porque la mayoría de los delitos cometidos por menores no son graves. Claro que los que tienen más repercusión son estos casos que a veces se cobran la vida de personas inocentes, y por supuesto provocan el repudio social. Pero el instante de humor social no puede definir una política criminal, que en definitiva no va a dar respuesta al desamparo de los menores que van a delinquir. Lo cual pone la mirada sobre los mayores».

Un debate de la sociedad

El magistrado consideró que «lo que ha señalado la presidenta es la percepción que tiene la sociedad, y merece una reflexión más profunda. Porque quizás en los tribunales hay leyes que merecen atención o reforma, en lo que tiene que ver con el tratamiento de las personas condenadas o regímenes de excarcelación. Pero también a veces hay criterios fijados por los tribunales superiores que van más allá, y marcan el camino a los jueces».

Cabral hizo notar que esto resulta de una «construcción social y jurídica» de la cual participa toda la sociedad, en la cual los jueces están inscriptos. Y marcó que el sentido en que se planteó la discusión en los últimos años estuvo orientado básicamente a conservar la libertad de los imputados.

«Ésta es una discusión que no se resuelve en un momento, en un discurso. Debe ir acompañada de una política no solamente legal, sino también carcelaria, procesal, de recursos. Entonces, esa percepción social a veces es la que tenemos los mismos jueces, que también tenemos la responsabilidad de advertir -si esto es así- cuando una ley no cumple su finalidad. Pero debe ser una discusión de fondo. Porque muchas veces, el humor lleva a disposiciones draconianas, que finalmente no son ninguna solución», completó.

Adhesión

El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, coincidió hoy con la presidenta Cristina Fernández en la necesidad de que los jueces limiten las excarcelaciones, con el fin de ayudar a combatir la inseguridad. «La presidenta se refirió a las morigeraciones y alternativas de prisión preventiva, fundamentalmente, que se dan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires», señaló el funcionario. Y confirmó que esta misma semana el gobierno de Daniel Scioli enviará a la Legislatura un proyecto para ajustar el mecanismo de las excarcelaciones.

Argibay contra las «reacciones viscerales»

La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay renovó sus críticas al proyecto de Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Consideró que ese tipo de propuestas muestra «reacciones virulentas» o «viscerales» que «no dan resultado».

Asimismo, subrayó que la solución a la ola de inseguridad no está tampoco en «cerrar los institutos de menores» como proponen algunos funcionarios. Si esos chicos quedan en la calle, nuevamente se exponen a la acción de algunos policías, pues «el gatillo fácil no ha terminado», alertó.

«Tenemos estas reacciones viscerales y no pensamos en las consecuencias. Se dice: «los institutos de menores no sirven, hay que hacer otra cosa’. Bien, pero mientras no lo hacemos, ¿dónde ponemos a estos chicos?», se preguntó.

Por Radio Continental, la magistrada se manifestó convencida de que esos chicos están más seguros en esos establecimientos que en la calle, porque esos menores «ya están fichados por la Policía. Y a mí -repitió-, nadie me ha convencido de que el gatillo fácil se haya terminado».

Como alternativa a la baja de la edad de los menores, Argibay propuso «planes» sociales vinculados con la «educación y la inclusión» para evitar que «estén abandonados en la calle». La solución «no está en bajar la edad, ni en subir las penas, ni nada eso. Ya se ha demostrado mil veces que esto no da resultados, que el delito sigue existiendo».

Entonces calificó esas iniciativas como meras «reacciones virulentas. Los responsables no son estos menores, sino la sociedad, los adultos que los hemos abandonado, que no le hemos dado educación, salud, cariño, familia, una casa, nada», aseveró.

«Estos chicos tienen la noción de que su vida no vale nada, absolutamente nada. Entonces si su vida no vale nada, la de los otros tampoco y no tienen reparos. Pero esto es todo falta de atención, de educación» del mundo adulto, aseveró.

(el litorial.com)


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